septiembre 19, 2024

Era de 1978: Indagan a la empresa Narváez por la antigüedad del bus accidentado

Las primeras investigaciones sobre el accidente de la flota de la empresa Narváez revelaron que el vehículo es del año 1978, por lo que ya no debía estar presentando un servicio público. Este hecho, que dejó 15 personas fallecidas, ameritó la apertura de dos procesos. El abierto por el Ministerio Público está tipificado como homicidio y lesiones en accidente de tránsito, las pericias prevén establecer posibles responsabilidades de la empresa y del personal a cargo de autorizar su salida de la Terminal de Buses el viernes por la noche hacia Santa Cruz.

La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) abrió paralelamente un proceso administrativo, que puede derivar en multas o la suspensión de licencia, si demuestra que el accionar de la empresa es causante del siniestro.

El reporte del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD), actualizado hasta ayer, indica que inicialmente los fallecidos eran 14, incluyendo al conductor, pero el fin de semana murió otro pasajero que estaba en Terapia Intensiva. Otras 17 personas continúan internadas, algunas en estado crítico.

Proceso Penal

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, informó que ya se tramitó el reconocimiento y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas. Para establecer la causa del hecho, se asignó un equipo especial.

“Esta flota tiene más de 46 años de vida útil y no era solo para transporte interprovincial, sino interdepartamental, se dirigía a Santa Cruz. Vamos a realizar todos los peritajes porque tenemos entendido que muchos de estos vehículos son camiones transformados en flotas. No podemos tolerar eso porque aquí están las consecuencias”, señaló.

Sandra Gutiérrez: “Esta flota tiene más de 46 años de vida útil y no era solo para transporte interprovincial, sino interdepartamental”

El director departamental de Tránsito, coronel José Pacheco, mencionó que ya se están ejecutando las directrices fiscales para determinar si hubo una falla humana o mecánica.

Lo que se conoce con certeza es que el hecho se suscitó el viernes a las 20.30 horas, cuando el bus con placa 292-ZZG circulaba por la Ruta 11 de Tarija a Santa Cruz, específicamente a la altura de Canaletas cerca de Entre Ríos. El chofer habría perdido el control del vehículo al llegar a una curva y chocó contra una peña. Según los pasajeros que sobrevivieron, hubo una falla en los frenos.

A la Policía se sumaron los grupos voluntarios Caballeros de Fuego y Braschaat para socorrer a los heridos y para retirar los cuerpos de los fallecidos, la mayoría atriccionados entre los fierros.

“Las entidades correspondientes tienen que hacer las verificaciones a este tipo de vehículos. Los permisos se tienen que dar de acuerdo a la normativa vigente”, dijo Gutiérrez.

Proceso administrativo

Mariela Quiroga, como vocera de la ATT, dijo que se está supervisando el trámite del SOAT con Univida para la indemnización a las familias de los fallecidos y el pago de gastos médicos para los heridos. También se abrió una investigación, que puede significar un castigo económico calculado en Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), actualmente cotizada en 2,52 bolivianos o incluso la pérdida de licencia.

“Es un proceso administrativo para establecer si hubo responsabilidad por parte de la empresa. La multa puede ir desde 4.000, 8.000 o 12.000 UFV o hasta una suspensión temporal de la licencia”, explicó.

Tanto para el proceso penal que lleva adelante la Fiscalía como para el que sigue la ATT, el principal insumo será el cúmulo de reportes que emitan los peritajes de Tránsito.

Familias en emergencia tras el accidente

A raíz de este accidente, tuvieron que trasladarse desde Santa Cruz los familiares de aquellos heridos y muertos. Algunos no contaban con un lugar para hospedarse y tuvieron que quedarse en un albergue habilitado por la Alcaldía.

Si bien la ATT gestionó que la empresa los transporte gratuitamente, al llegar a Tarija denunciaron que tuvieron dificultad para ubicar a los responsables de la flota.

Lo que piden ahora es que los propietarios se hagan cargo de los gastos médicos que superen el límite establecido por Univida, que es de hasta 24 mil bolivianos por persona accidentada.

El País