Ex jefe de comunicación del MAS trató de evadir la justicia en un caso de feminicidio
La justicia boliviana está a punto de dictar sentencia en el caso del feminicidio de la radialista Diana Pórcel, ocurrido el 5 de febrero de 2022. Una inspección ocular se realizó este lunes en el inmueble donde la joven fue hallada sin vida, ubicado cerca del mercado San Luis, en la ciudad de Santa Cruz. Esta diligencia es la última antes de que el tribunal, encabezado por la jueza Paola Sandoval, emita el fallo definitivo.
El acusado, Carlos Vargas Siles, quien se desempeñaba como jefe del departamento de comunicación de la bancada del MAS en la Asamblea Departamental cruceña, está detenido en la cárcel de Palmasola desde el inicio del proceso.
Según la Fiscalía, Vargas intentó desvirtuar su responsabilidad en el crimen al argumentar que Pórcel se quitó la vida colgándose de un ropero en su domicilio. No obstante, la inspección ocular reveló que el mueble es frágil y de poca altura, lo que refuerza la hipótesis de la Fiscalía de que se trató de un feminicidio.
El poder político de Carlos Vargas ha sido un factor clave a lo largo de este proceso judicial. Según las investigaciones de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Vargas utilizó su posición como jefe de comunicación del MAS para tender una red de protección. Tras salir del inmueble donde fue hallada sin vida la joven radialista, Vargas se comunicó con los asambleístas del MAS Muriel Cruz y Clemente Ramos, quienes más tarde fueron presentados como testigos de descargo por el propio acusado.
Los investigadores de la Felcv determinaron que tanto Cruz como Ramos eliminaron mensajes que sostuvieron con Vargas, lo que generó suspicacias sobre un posible intento de encubrimiento. Además, Vargas declaró que fue contratado para el cargo de jefe de comunicación por los asambleístas y el exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, lo que sugiere la influencia que ejercía dentro del partido en ese momento.
La defensa de Diana Pórcel, representada por los abogados Jessica Echeverría y Álvaro Josué Daza de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, denunció desde el inicio que Vargas utilizó su poder político para intentar construir una coartada y hacer pasar la muerte de la radialista como un suicidio. “Vargas trató de usar su posición en el MAS para desvirtuar los hechos, pero confiamos en que el tribunal hará justicia y aplicará la máxima sanción”, declaró Echeverría.
El feminicidio de Diana Pórcel ha conmocionado a la sociedad cruceña, y su familia, junto con organizaciones de derechos humanos, ha estado exigiendo justicia desde el día de su muerte. El fallo final será clave para determinar si se logra justicia en un caso en el que la influencia política ha estado presente en cada paso del proceso judicial.
La sentencia, que se espera en los próximos días, podría cerrar un capítulo doloroso para la familia de Pórcel y enviar un mensaje claro de que el poder político no puede ser usado para eludir la justicia.
